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Santiago Vañó Candeal
Leo un titular que me estremece: José Manuel Vela: «Hay que tomar medidas para acabar con el gratis total».
El titular procede de la edición para la Comunidad Valenciana de La Razón, con fecha 31 de julio. José Manuel Vela, para quien no sepa quien es, es el conseller valenciano de Hacienda y Administración Pública. En esta entrevista se aplica a fondo para que con la pátina de un toque amable encasquetar toda la batería de medidas liberales que pretenden aplicar muchos gobiernos (de distinta índole) para rebajar el déficit, que por cierto, han creado las políticas aplicadas por gobernantes, no por los ciudadanos.
Pero son los ciudadanos los que van a pagar los errores cometidos por los políticos. En primer lugar con una merma de los servicios públicos, en segundo lugar, y esto es lo más preocupante, aplicando tasas por utilización de ciertos servicios básicos.
El señor conseller utiliza muy bien (para su conveniencia) la retórica. El término gratis total está fuera de lugar totalmente. Es para aplaudir hasta que sangren las palmas de las manos. ¿Qué es eso de gratis total? Señor Conseller, parece que no sabe mucho de economía, puesto que esos servicios "gratuitos" se financian a través de los impuestos que todos los ciudadanos y ciudadanas aportamos, ya sea través de los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, pero también los impuestos a los hidrocarburos (eso centimillos que se le añaden a los carburantes), a través del IRPF (que es de los impuestos más justos al ser todavía progresivo a pesar de todo) y a través de las deducciones que realizan a los trabajadores de sus nóminas (también a aquellas personas que perciben un subsidio por desempleo).
No, los servicios públicos no son gratis total, no es un buffet libre del que los ciudadanos nos servimos sin medida alguna. En primer lugar porque los sufragamos nosotros, como ya he explicado, y en segundo lugar porque me niego a pensar que alguien va al médico por ir al médico, se va cuando lo necesitamos, a veces ni eso. Sé que hay casos particulares, que hay personas acuden a urgencias porque están hasta las gónadas de que su cita con el especialista o con el médico de cabecera se posponga hasta el infinito y más allá. Toda persona tiene un límite, y hay veces que ante una total ausencia de solución a un problema que el paciente cree importante, acude a urgencias porque sabe que le van a atender. No digo que esté bien, porque así se saturan los servicios de urgencia (la típica espera de ocho horas), pero quizá optimizando el servicio de atención primaria evitaríamos colapsos en otros servicios, por poner una idea encima de la mesa.
Hay otras medidas de concienciación, como la factura en sombra, o falsa factura, que es un documento que te expiden al final de un tratamiento para informar (únicamente informar) al paciente del gasto que ha supuesto su estancia. Pura concienciación.
Los colectivos de profesionales sanitarios claman al cielo puesto que se han enterado de la noticia por la prensa (como ocurre tantas veces con tantas cosas) y de que el anuncio lo ha hecho el conseller de Hacienda, y no el de Sanidad, que sería lo más lógico.
Por si esto no fuera suficiente, al día siguiente el conseller de Justicia, Jorge Cabré, dejó caer la idea de que habría que pagar por agilizar la justicia. Otra más al saco. Evidentemente la Justicia tiene una falta de inversión grandísima que provoca unos retrasos que eternizan cualquier proceso. Pero pagar por acelerar un juicio, ¿no suena a soborno? ¿a peaje? ¿a salvoconducto tramposo?
Poco a poco nos van deslizando la peligrosa idea del copago, no sé si para que nos vayamos haciendo a la idea. Empezaron por la educación (por cierto, una de las geniales ideas del conseller Vela, de pagar más cada vez que una persona se matricula, ya se aplica desde hace años en las universidades), continúan por la sanidad, ahora le toca a la justicia. Degradación de servicios públicos para que no podamos acceder a ellos (sea por hartazgo sea por imposibilidad de pagarlos) y para trasladar a los usuarios hacia las compañías privadas que necesitan clientes, que no pacientes, que no alumnos, que no usuarios: clientes.
Como los señores consellers no pagan los servicios que se deben de prestar a la ciudadanía de su bolsillo, que dejen de incordiar, que dejen de hablar de copago. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre. No lo llamemos copago, llamémoslo repago. Ya lo estamos pagando, con las tasas lo único que haremos será volver a pagarlo. El pago no lo compartiremos, porque el dinero, como ya he explicado, ha salido de nuestros impuestos. De ahí también que la eliminación de impuestos revierte en una merma de servicios, si queremos ser como los países nórdicos en cuanto a servicios, quizá deberíamos ser también nórdicos en capacidad de sueldos y de pago de tasas impositivas.
Para explicar mejor todo esto del repago, término que ya viene utilizando la izquierda desde hace una temporada, recomiendo un artículo de un blog denominado La Paella Rusa, en que explica todo esto.
Así que de gratis total nada de nada, en todo caso políticas derrochonas y poco eficientes, pensando más en unos pocos que en los verdaderos usuarios. Y de copago menos, que somos los ciudadanos los que pagamos los impuestos y los que pagaríamos las tasas por uso. Así que a estrujarse la mollera en soluciones prácticas que no conlleven una pérdida de servicios o poder adquisitivo, que para eso ganan las elecciones.
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